Juan Ibarrondo, Andrés Krakenberger y
Bertha Gaztelumendi
Asociación Pro Derechos Humanos
Argituz
La Axiología es la rama de la Filosofía que estudia la naturaleza de los
valores y juicios valorativos. Vamos a intentar hacer un pequeño ejercicio de
Axiología, para lo cual necesitaremos echar mano de un poco de Deontología, cuyo
objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales que tienen
los profesionales de una determinada materia. Queremos proponer estas
reflexiones porque determinados medios de comunicación, ciertos políticos y
bastantes tertulianos, al referirse a las personas excarceladas tras la
derogación de la «doctrina Parot», parecen haber carecido de la más mínima
Deontología, despreciando –muchas veces intencionadamente– los principios
básicos del Derecho.
En un país medianamente civilizado, cuando una persona condenada a una determinada pena ha cumplido la misma, y por tanto ha saldado su deuda con la sociedad, esa persona recobra la libertad con sus derechos íntegros. Esto implica que vuelven a ser iguales de facto ante la ley, como el resto de la ciudadanía. Eso implica, asimismo, que las tentaciones de discriminarlos, impidiendo que puedan ser candidatos en elecciones o privándoles de subsidios para los que cumplan las condiciones requeridas, podría llevarnos, en último término, a otra sentencia del TEDH, reprochando retroactividad prohibida, igual de impecable e indiscutible desde un punto de vista jurídico que la anterior.
Sin embargo, determinados «opinadores», faltos de mejor argumento, han recurrido al uso de afirmaciones despectivas con la motivación de ofender. Pero la cosa no queda ahí. Determinadas corrientes de opinión procuran extender una sensación de miedo, la mayoría de las veces sin fundamento real. En ocasiones, se permiten incluso hacer insinuaciones –a veces nada sutiles– que llaman, o cuando menos justifican, la venganza o sugieren que las víctimas podrían tomarse la justicia por su mano. Tales comentarios incumplen tanto el abecé de la ética como la elemental prudencia, que debería guiar la conducta de personas que ejercen como altavoces sociales o políticos. Igualmente, se han intentado criminalizar unos llamados «recibimientos», que no han pasado de ser situaciones normales entre familiares y allegados de quienes vuelven a sus casas tras largos periodos en prisión.
En cualquier caso, nada de lo antedicho puede entenderse como excusa para aminorar los derechos de todas las víctimas de la violencia de motivación política: el reconocimiento del daño causado, el derecho a recibir disculpas públicas por parte de los perpetradores, el esclarecimiento de las conculcaciones de derechos humanos a las que fueron sometidas; la reparación moral y material por el daño causado… Y, cuestión clave, el derecho a la garantía de no repetición del daño.
La garantía de no repetición se va afortunadamente consolidando para las víctimas de la violencia política por parte de ETA. El último comunicado del EPPK y el acto en Durango van en esa dirección, al explicitar su renuncia a utilizar métodos violentos para conseguir sus objetivos. Sin embargo, esto no se da con los excarcelados tras haber cumplido sus condenas por haber sido violadores en serie... Y ello ha generado un tratamiento informativo sensacionalista, que mete en el mismo saco problemáticas bien distintas, lo que no beneficia la resolución del problema de la difícil conciliación de dos derechos fundamentales en juego: la libertad de los penados que han cumplido su condena y la de las víctimas que temen la repetición de las violaciones.
Creemos que el problema que subyace bajo esta situación es complejo, y su análisis invita a abrir el foco e iluminar a todas las instancias responsables. Ese ejercicio señala a un Estado que sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales para prevenir, proteger y sancionar la violencia de género, ni ofrece reparación adecuada a las sobrevivientes, incluyendo la garantía de no repetición de los abusos.
Sin embargo, en vez de provocar un debate riguroso y positivo, la derogación de la llamada Doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo ha dado lugar –en algunos casos– a una escandalera mediática vergonzosa, alejada de los criterios éticos y profesionales de un periodismo serio y respetable.
Se espera más de los creadores de opinión. Se espera que se sumen al proceso de paz, que lo empujen y lo alienten, más aún en momentos de impasse y de difícil resolución. Dicho de otra manera, se espera que actúen en positivo. Ser meros cizañeros, creerse exentos de responsabilidad en el devenir social y político es actuar en negativo. No nos lo merecemos. Y porque no nos lo merecemos, lo que procede ahora es actuar con discreción y recto juicio, o sea con sindéresis.
En un país medianamente civilizado, cuando una persona condenada a una determinada pena ha cumplido la misma, y por tanto ha saldado su deuda con la sociedad, esa persona recobra la libertad con sus derechos íntegros. Esto implica que vuelven a ser iguales de facto ante la ley, como el resto de la ciudadanía. Eso implica, asimismo, que las tentaciones de discriminarlos, impidiendo que puedan ser candidatos en elecciones o privándoles de subsidios para los que cumplan las condiciones requeridas, podría llevarnos, en último término, a otra sentencia del TEDH, reprochando retroactividad prohibida, igual de impecable e indiscutible desde un punto de vista jurídico que la anterior.
Sin embargo, determinados «opinadores», faltos de mejor argumento, han recurrido al uso de afirmaciones despectivas con la motivación de ofender. Pero la cosa no queda ahí. Determinadas corrientes de opinión procuran extender una sensación de miedo, la mayoría de las veces sin fundamento real. En ocasiones, se permiten incluso hacer insinuaciones –a veces nada sutiles– que llaman, o cuando menos justifican, la venganza o sugieren que las víctimas podrían tomarse la justicia por su mano. Tales comentarios incumplen tanto el abecé de la ética como la elemental prudencia, que debería guiar la conducta de personas que ejercen como altavoces sociales o políticos. Igualmente, se han intentado criminalizar unos llamados «recibimientos», que no han pasado de ser situaciones normales entre familiares y allegados de quienes vuelven a sus casas tras largos periodos en prisión.
En cualquier caso, nada de lo antedicho puede entenderse como excusa para aminorar los derechos de todas las víctimas de la violencia de motivación política: el reconocimiento del daño causado, el derecho a recibir disculpas públicas por parte de los perpetradores, el esclarecimiento de las conculcaciones de derechos humanos a las que fueron sometidas; la reparación moral y material por el daño causado… Y, cuestión clave, el derecho a la garantía de no repetición del daño.
La garantía de no repetición se va afortunadamente consolidando para las víctimas de la violencia política por parte de ETA. El último comunicado del EPPK y el acto en Durango van en esa dirección, al explicitar su renuncia a utilizar métodos violentos para conseguir sus objetivos. Sin embargo, esto no se da con los excarcelados tras haber cumplido sus condenas por haber sido violadores en serie... Y ello ha generado un tratamiento informativo sensacionalista, que mete en el mismo saco problemáticas bien distintas, lo que no beneficia la resolución del problema de la difícil conciliación de dos derechos fundamentales en juego: la libertad de los penados que han cumplido su condena y la de las víctimas que temen la repetición de las violaciones.
Creemos que el problema que subyace bajo esta situación es complejo, y su análisis invita a abrir el foco e iluminar a todas las instancias responsables. Ese ejercicio señala a un Estado que sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales para prevenir, proteger y sancionar la violencia de género, ni ofrece reparación adecuada a las sobrevivientes, incluyendo la garantía de no repetición de los abusos.
Sin embargo, en vez de provocar un debate riguroso y positivo, la derogación de la llamada Doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo ha dado lugar –en algunos casos– a una escandalera mediática vergonzosa, alejada de los criterios éticos y profesionales de un periodismo serio y respetable.
Se espera más de los creadores de opinión. Se espera que se sumen al proceso de paz, que lo empujen y lo alienten, más aún en momentos de impasse y de difícil resolución. Dicho de otra manera, se espera que actúen en positivo. Ser meros cizañeros, creerse exentos de responsabilidad en el devenir social y político es actuar en negativo. No nos lo merecemos. Y porque no nos lo merecemos, lo que procede ahora es actuar con discreción y recto juicio, o sea con sindéresis.
