Hay
situaciones, graves, que no aparecen en los medios de comunicación, y que las
instituciones -en parte por eso mismo- van dejando pasar a ver si se arreglan
solas; cosa que como es lógico no sucede, así que, finalmente, terminan por estallar.
Sólo
entonces nos echamos las manos a la cabeza y decimos: ¡pero cómo ha podido
pasar esto¡
Algo
así esta a punto de pasar con el tema de la vivienda social de alquiler en el
País Vasco, que gestiona la empresa ALOKABIDE. O para ser más exactos, ya está
pasando, pero la situación puede agravarse todavía más de lo que está.
El
origen del problema viene de lejos, y tiene que ver con la manera en que se ha
entendido el alquiler social en Euskadi, por lo menos desde la época del
consejero de EB, Javier Madrazo.
En
esa época, se construyeron miles de viviendas de protección oficial, una
intervención pública desde luego necesaria ante el progresivo encarecimiento de
la vivienda libre, inaccesible para amplias capas de la sociedad.
Fue
la época de los pisos a ochenta millones, las hipotecas a cincuenta años, y los
sorteos masivos de pisos de protección oficial, con abucheos a emigrantes
incluidos.
Esa
política se centró de manera muy mayoritaria en los pisos en propiedad, y
consideró el alquiler social sólo como una política contra la exclusión social,
destinada a rentas muy bajas.
Esta
forma de actuar, aunque ya en su momento tuvo sus detractores, que señalaban
que, en comparación con los países del entorno, la tasa de vivienda en alquiler
era demasiado baja en relación a la vivienda en propiedad.
Sin
amargo, eran los años de la locura especulativa, y todo el mundo parecía salir
beneficiado por esta política pública que favorecía la vivienda en propiedad.
Empezando
por los afortunados beneficiarios de los sorteos, que aparecían en los medios
descorchando cava como cuando se gana la lotería. Siguiendo por los promotores,
constructoras, inmobiliarias… que hacían su particular agosto. Los ayuntamientos que recalificaban y vendían suelo. Los propietarios privados del
suelo.
Y,
no menos que los anteriores, los bancos y cajas que concedían los créditos para
comprar las viviendas a clientes que no podían acceder a la vivienda libre.
Todos
sabemos lo que pasó después. Comenzó la crisis. La burbuja inmobiliaria
estalló. Se acabó el chocolate del loro para algunos y empezó el infierno de
otros. Los bancos dejaron de dar créditos. Comenzaron los desahucios de quienes
no podían hacer frente a las hipotecas…con las consecuencias que todos
conocemos.
Tal
vez se conozca menos otro efecto de la crisis. La gente dejó de poder acceder
también a los pisos de protección oficial en propiedad, que como hemos visto
eran la mayoría.
La
precarización, el desempleo y el cierre del grifo del crédito causaron este
efecto en muchas personas y familias.
Por
una parte hemos visto que bloques enteros de casas de protección oficial
destinados para compra están vacíos por falta de compradores. Por otra, mucha
gente necesita casa y la vivienda social en alquiler no alcanza para satisfacer
la demanda.
Si
desde un principio se hubieran hecho bien las cosas, previendo que la senda del
crecimiento acelerado no iba a durar siempre -algo del todo previsible- se
hubiera buscado un equilibrio entre vivienda pública de alquiler y en
propiedad. Pero no fue así, de modo que una vez más la situación es la de
siempre: casas sin gente, gente sin casa.
Pero
la cosa no acaba ahí, la gestión de la vivienda en alquiler social por parte de
ALOKABIDE, y en general las políticas de vivienda en alquiler social, no se han
adaptado tampoco a la nueva situación; con que comenzamos a ver, y pronto
veremos más, desahucios en viviendas de alquiler social.
Las
crisis siempre acaban afectando de manera más virulenta a los sectores más
desfavorecidos, puesto que no disponen del colchón familiar, ni de recursos de
urgencia de los que tirar… especialmente los inmigrantes.
Los
baremos para calcular la renta siguen igual que en los tiempos de bonanza. Se
incumple la norma legal que dice que no se puede cobrar más en un alquiler
social que el 30% de los ingresos. Se cobran cuotas de comunidad abusivas,
mayores en ocasiones que las de viviendas de propiedad libre. Se cobra a los
inquilinos el Impuesto de bienes inmuebles, algo a todas luces absurdo. Se
calculan las rentas según los ingresos de años anteriores, con lo que la caída
en la renta, algo muy común en estos tiempos no se repercute a tiempo en el
precio del alquiler.
Todo
esto, unido al alargamiento de la crisis, y sus consecuencias en los sectores
más empobrecidos de la población, hace que estemos viviendo una situación muy
grave.
Una
verdadera alerta social, que es imperativo afrontar cuanto antes.
En
los bloques de vivienda social cada vez se ven situaciones más graves.
Situaciones
que se ven agravadas aún más con el encarecimiento de los recibos de la
electricidad, el gas, y el agua; con lo que la pobreza energética y sus
consecuencias sobre la salud cobran especial relevancia en los meses de
invierno.
La
gente comenta que no podrá pagar, entre los inquilino se cruzan miradas de
desesperación y aumentan comportamientos
desesperados, que antes eran excepcionales y que si no se pone pronto remedio
aumentarán.
Son
necesarios cambios urgentes, como los que está demandando la plataforma de
afectados: readecuación de las rentas, eliminar el pago del IBI, establecer una
moratoria sobre los desahucios, medidas de protección frente a la pobreza
energética…
Otra
tarea urgente es dejar a un lado las
políticas paternalistas y favorecer la participación del inquilinato en la
gestión de los espacios comunes, dejar de considerar al inquilino como un
problema, y la vivienda pública en alquiler como un engorro para la
administración.
Justo
lo contrario de lo que hace ALOKABIDE.
A
medio plazo, es necesario un replanteamiento de las políticas de vivienda
pública, que de prioridad al alquiler social frente a la vivienda en propiedad,
incluido el cambio de estatus de las viviendas pública vacías para venta para
ponerlas en alquiler.
En
general es preciso dejar de considerar el
alquiler social exclusivamente como una herramienta contra la exclusión social,
destinada sólo a las rentas mas bajas, o en extrema pobreza, y empezar a
considerarlo como una opción de vida para todos y todas.
En
el sentido todo ello de avanzar hacia la consideración de la vivienda como un
derecho efectivamente ejercido por la ciudadanía en su conjunto.
