La detención y posterior puesta
en libertad -en algunos casos con cargos- de 17 jóvenes, en la denominada
“operación araña” tiene todos los ingredientes de un “montaje policial”.
De una parte, se detiene a un
grupo de jóvenes que no tienen relación entre ellos, pero a los que se agrupa
en una operación conjunta, a la manera de las que se llevan a cabo contra redes
“delincuenciales” en Internet. Es decir, una operación contra una red que no
existe.
Por otro lado, a los detenidos se
les acusa de forma genérica de exaltación del terrorismo; aunque,
paradójicamente, en estos momentos no
hay terrorismo alguno que exaltar.
Además, se resaltan una y otra vez en los medios un
par de mensajes muy concretos, que no está nada claro quién ha escrito, y que
no responden al conjunto de los mensajes. Una vez más, un totum revolutum que mezcla
bienvenidas a presos que salen de la cárcel, exhibición de ikurriñas, y otros
símbolos vascos, consignas revolucionarias…
Se superpone esta
“operación/montaje” con la filtración de la existencia de un supuesto grupo, de
nombre IBIL, dispuesto a continuar con
la lucha armada de ETA. Una filtración
sin posibilidad de contraste, pero que contribuye, al igual que la “operación
araña”, a agitar las aguas del post/antiterrorismo
español.
En Euskal Herria, por lo menos desde
la operación contra Herrira, se han venido sucediendo -con cierta regularidad- actuaciones policiales y judiciales contra
todo lo que se mueve; sobre todo si eso que se mueve es en el sentido dar pasos
hacia la resolución definitiva del conflicto vasco, en parámetros democráticos
y de respeto a los derechos humanos de todas las personas que han sufrido a
consecuencia de ese conflicto.
De forma, que cada paso que se da
hacia la paz es respondido con una operación policial/judicial/mediática,
contra abogados, defensores de derechos humanos, jueces, e incluso contra
agentes internacionales a favor de la paz.
No es exactamente el caso de las
últimas detenciones, pero si que responden a la misma lógica “securocrática”,
al intentar -por todos los medios- resituar
el conflicto vasco en parámetros violentos, de seguridad, antiterroristas…
Es también bastante evidente, que
se quiere además utilizar esta misma estrategia, ya no sólo en el tema vasco,
sino para contrarrestar la creciente contestación popular en distintos lugares
del Estado Español, desviando así la atención de las demandas populares -y la denuncia de los
desmanes del gobierno- hacia el campo de
la seguridad “pública”. Un campo donde ciertos elementos de las cloacas del Estado
se sienten cómodos. La manipulación de los sucesos de Madrid en la marcha de la
dignidad, y otros casos similares, demuestran bien a las claras estas
intenciones.
En el caso que nos ocupa, el
campo de operaciones se traslada de las calles a las redes sociales, pero la
lógica que anima a sus ejecutores es la misma. La misma que habla, sin mostrar
prueba alguna, de la formación de
nuevos grupos violentos, de estrategias
conjuntas para intensificar la violencia en las calles…
A fuerza de soportarlo, en Euskal
Herria hemos desarrollado un fino olfato para detectar el hedor que despiden
las alcantarillas gubernamentales, con la colaboración de ciertos jueces, medios de comunicación… Y,
ciertamente, esta operación huele pero que muy mal.
