El conflicto con Maroto llega a la ONU

Argituz pide amparo tras la suspensión de unos talleres contra el racismo

JAIONE SANZ ALEX LARRETXI 

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Ibarrondo y Krakenberger, ayer en la rueda de prensa, junto a algunos de los dibujos utilizados en los talleres.

VITORIA - ¿Razones políticas o de gestión óptima de los recursos? Desde que al gabinete de Javier Maroto le dio por señalar con el dedo a cierta parte de la población a cuenta del fraude en las ayudas sociales, los recortes asestados en proyectos asociativos relacionados con la inmigración han ido engordando el interrogante hasta hacerlo estallar. Tal vez en otro clima la retirada de tres subvenciones se podría haber considerado circunstancial. En el actual, cuesta. Y los últimos afectados no sólo no están dispuestos a tragar, sino que han decidido actuar buscando el amparo de Naciones Unidas. Se trata de defender, dicen, la protección de los derechos humanos.

La polémica tiene su razón en la suspensión fulminante e inesperada de unos talleres contra la xenofobia y el racismo que la asociación de defensa de los derechos humanos Argituz iba a impartir para 400 chavales en nueve colegios, en coordinación con Norabide, el órgano dependiente del Ayuntamiento que gestiona acciones interculturales. Hace dos semanas, tan sólo un día antes de que la actividad empezara en Mercedarias, desde el centro municipal llamaron al colectivo para comunicarle que no se iba a hacer. “Dijeron que en Asuntos Sociales no les habían dado razones. Que era una orden política”, recordó ayer el escritor Juan Ibarrondo. Su presencia en la rueda de prensa no era casual. La artista Marta Gil y él son quienes, en 2013, organizaron el proyecto que dio lugar a este otro, el taller-exposición Detector de mentiras sobre personas migrantes que fomenta el debate a través del dibujo y la escritura. Se desarrolló en Montehermoso y fue tal el éxito que Asuntos Sociales les propuso solicitar una ayuda para convertirlo en una acción que llevar a centros cívicos, de mayores y asociaciones vecinales. Pedida y dada (4.780 euros), la materializaron ya con Argituz de la mano. Y volvió a triunfar. Y Norabide, aprovechando su presupuesto, les propuso adaptarla a las aulas. Lo hicieron. Y llegó la sorpresa.

Su reacción ha sido tajante. Con motivo de la celebración del 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Argituz ha realizado una solicitud de amparo a tres relatores especiales y a una experta independiente. El presidente del colectivo, Andrés Krakenberger, aclaró que no sólo se ha advertido de la suspensión de los talleres, sino también del conflicto social generado “desde que el 25 de julio de 2014 el alcalde dijo que los magrebíes vienen a vivir del cuento sin aportar datos y todo lo que ha sucedido desde entonces, incluido el archivo de las diligencias de la demanda judicial , algo que es típico en este tipo de delitos que se sitúan al borde de la legítima libertad de expresión, pero que no quiere decir que no sea rechazable ética y políticamente”. A su juicio, la paralización de la actividad es “la punta del iceberg” y hay que destruirlo donde se protege lo que su asociación defiende. El dictamen no sería vinculante, pero conllevaría un gran toque de atención al emitir recomendaciones y vigilar su cumplimiento.

El equipo de gobierno calificó la medida de Argituz de “desproporcionada y golpe de efecto”. Su explicación es que nunca contempló la realización de esos talleres porque existen seis iniciativas en el programa Ciudad Educadora que cumplen los mismos objetivos y que, por eso, no estaban incluidos en el programa de papel que se reparte a los colegios. Entonces, ¿por qué nueve se apuntaron? Según el PP, porque más tarde esa información se colgó erróneamente en la web municipal. “Un fallo de coordinación”. Eso es, se supone, lo que alegará cuando la ONU le solicite información para contrastar. Y luego, que hable el detector internacional de mentiras.