Texto íntegro del artículo de opinión publicado en Diario de Noticias.
El alcalde de Vitoria, señor Maroto, ha entrado en la campaña electoral, tal y como nos tiene
acostumbrados, encendiendo el debate sobre la pobreza y la migración en
parámetros que se alejan de forma grave de la defensa de los derechos humanos.
Las propuestas del PP incumplen de esta forma los tratados internacionales de
derechos humanos, que el Estado español ha firmado y que son de obligado
cumplimiento, en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. De hecho, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas alertó en mayo de 2012
“del impacto negativo de la crisis
económica - y de las respuestas del gobierno a la misma- en el disfrute del
derecho al trabajo y a unas condiciones laborales decentes en España, afirmando
que se ha puesto en peligro la capacidad de una gran parte de la población para
ejercer estos derechos(…) los drásticos recortes en el gasto social, apuntan a
un retroceso en los derechos arriba mencionados, con gravísimas consecuencias
en la vida de las personas más vulnerables”.
Las políticas del gobierno español, y las propuestas del
PP en la campaña electoral de la CAV, responden por tanto a una concepción de
la sociedad que parece despreciar los derechos de las personas, especialmente
de las personas empobrecidas. Estas políticas rompen además con el principio de
igualdad ante la ley, pues ponen el acento en el control de los sectores
desfavorecidos, dejando, en la práctica, barra libre a las elites económicas
para actuar a su antojo.
Desgranando alguna de las propuestas más llamativas de
Maroto, empezaré por su intención de eliminar las ayudas sociales a “los
delincuentes”. Habría que constatar en primer lugar, que actualmente las
cárceles se han convertido en almacenes de personas en extrema pobreza; y que la
mayor parte de los delincuentes no pasan por el sistema judicial, y si pasan
raramente acaban en la cárcel. Me refiero sobre todo a los llamados delitos
económicos - si robas mil euros eres un
ladrón, si robas un millón un financiero- Aunque no sólo a éstos, pues los
delitos contra el medio ambiente, los abusos policiales, contra la mujer…
quedan en muchos casos impunes.
Además, esta propuesta va en contra del principio de reinserción
del delincuente, tal y como explicita la actual legislación penitenciaria, la
normativa europea, y la propia constitución española en su artículo 25, cuando
establece que “Las penas privativas de
libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y
reinserción”
Parece bastante evidente que si privamos a la persona
presa -o al salir de prisión- de estas ayudas se entorpece gravemente su
posibilidad de reinserción. Además, desde un punto de vista estrictamente económico,
mantener a una persona en la cárcel, es mucho más caro que concederle las
ayudas sociales a las que tiene derecho como ciudadano. A no ser, claro, que
volvamos al sistema de trabajos forzados -algo por cierto explícitamente
prohibido por la constitución española- y concibamos la cárcel como un negocio.
Como trabajos forzados podría entenderse también la
propuesta de condicionar las ayudas sociales a la realización de trabajos para
la comunidad: ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de trabajos? Porque es de prever
que sean trabajos que no cumplan las condiciones establecidas por la OIT sobre
las condiciones laborales y salariales de los trabadores/as; estableciendo
además una competencia desleal con los profesionales de los distintos sectores.
Recordemos aquí que el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece que “Toda persona tiene
derecho a la libre elección de su trabajo a condiciones equitativas de trabajo
y a la protección contra el desempleo”. Esta propuesta va también en la dirección contraria
al espíritu del Auzolan -donde todas las personas trabajan para la comunidad y
no sólo los desfavorecidos- para acercarnos en cambio al esclavismo de baja
intensidad.
El colmo de la demagogia se desprende de la idea de que los
preceptores de ayudas sociales deban asumir el ordenamiento jurídico vigente.
Si se refiere a que deben cumplir la ley, es evidente que no sólo ellos sino
cualquier persona tiene que cumplirla, y no se entiende que sólo a emigrantes y
pobres se les exija un reconocimiento explicito: ¿Por qué? ¿Para qué?
Introducir en la propuesta la coletilla de “incluido el principio de igualdad entre hombre y mujeres” entra ya
en el terreno del cinismo. ¿Por qué no se exige esto mismo a los empresarios
que discriminan a las mujeres en sus condiciones laborales y salariales? Y si
nos referimos al tema de la violencia de género, hace mucho que las
estadísticas aclaran que esta lacra social se da desgraciadamente entre todos
los sectores de la sociedad: pobres y ricos, autóctonos y emigrantes; así que
una medida de este tipo resulta claramente
discriminatoria.
En cuanto al aumento del tiempo necesario de
empadronamiento para acceder a las ayudas sociales -y el establecimiento de un
tiempo máximo para mantenerlas- la
consecuencia es que dejaría en una situación de indefensión a miles de
personas, lo que provocará a buen seguro consecuencias muy negativas para la
cohesión social y un probable aumento de los delitos contra la propiedad.
Resulta paradójico en este sentido, que un partido tan obsesionado con la
seguridad y la propiedad privada presente medidas que crearán inseguridad
creciente. Además, esta medida resulta también discriminatoria, ya que
contradice el principio de no discriminación a ninguna persona por su origen,
raza, religión o extracción social. Un principio claramente establecido en la
legislación internacional sobre derechos humanos. Por ejemplo, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de La Discriminación Racial define en su
artículo primero la discriminación como “Toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje, u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural, o en cualquier otra esfera de la vida
pública”
De forma, que en esa idea tan cacareada últimamente de
“primero los de aquí” subyace una concepción racista y xenófoba. Resulta en
este sentido llamativo que el PP utilice como argumento electoral el racismo
del nacionalismo vasco del siglo XIX, mientras mantiene propuestas racistas en
pleno siglo XXI.
Para ir terminando, puede parecer que el motivo manifestado
por el señor Maroto para llevar a cabo estas propuestas -“Evitar que las ayudas sociales se conviertan en un estilo de vida”-
es un objetivo loable, pero olvida dos cosas fundamentales respecto a la manera
en que pretende lograrlo.
En primer lugar, olvida la causa última de que las
personas soliciten estas ayudas, que no es otra que las crecientes dificultades
de acceso al empleo; dificultades surgidas a raíz de las políticas neoliberales
que ellos mismos defienden. En segundo término, cualquier estudiante de primer
curso de Trabajo Social sabe que -aun no siendo la mayoría de preceptores de
las ayudas- existen personas con graves problemas psicológicos, familias
desestructuradas, drogodependientes… El enfoque para superar estas situaciones
no pasa por recortar los recursos, sino por el contrario en aumentarlos; con un
enfoque de las ayudas individualizado; y, por supuesto, que respete los
derechos como personas y ciudadanos de
sus beneficiarios. A no ser que queramos volver al espíritu y las prácticas de
los correccionales victorianos, o franquistas, que tanto sufrimiento causaron a
generaciones enteras.
Terminaré con las recientes palabras de la relatora
especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Magdalena
Sepúlveda, quien aseguró que “Los Estados
tienen la obligación de usar al máximo sus recursos disponibles para garantizar
el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos sociales” y
alertó de “las dificultades insoportables de las personas,
en especial de las que viven en la pobreza, debido a la implementación de
planes de austeridad en frecuente contradicción con la obligación legal de los
Estados de hacer cumplir los derechos económicos, sociales y culturales”.
Juan
Ibarrondo (Escritor)
