Estamos acostumbrados en esta sociedad -que alguien
definió acertadamente como sociedad del espectáculo- a que la retórica de los
políticos y sus prácticas vayan por caminos divergentes. En Araba, hemos tenido
un buen ejemplo de ello con la reciente propuesta del equipo de gobierno de la
DFA sobre los concejos alaveses.
Para quien no lo sepa, los concejos son entidades locales
que vienen funcionando en Alava desde hace siglos en pequeñas localidades. Su
funcionamiento es asambleario, y el trabajo que realizan las personas elegidas
en asamblea es voluntario. Fomentan el auzolan para arreglar infraestructuras,
cuidan del común, y llevan a cabo funciones básicas necesarias en cualquier
comunidad como la gestión del agua, las basuras, el alumbrado público, la
gestión de los montes comunitarios…
Ahora que se habla tanto de democracia participativa, del
desapego de los ciudadanos de la política… cualquiera que conociera de cerca
este funcionamiento concejil se quedaría maravillado de semejante rareza
participativa; y apostaría sin duda por apoyarlo desde las instituciones
“mayores”, como son los ayuntamientos y la propia diputación.
Pues no, para el diputado general, el popular Javier de
Andrés, los concejos son algo que funcionó muy bien en el pasado, pero que ya
no. Por tanto, propone quitarles algunas de sus funciones más importantes que
se traspasarían a los ayuntamientos. Según esa visión de las cosas, los
concejos son una especie de reliquia del pasado, tal y como decían del euskera
hasta hace no tanto muchos de los correligionarios del señor Andrés. Sin
embargo, al igual que en el caso de la lengua vasca, los concejos siguen
funcionando contra viento y marea. Con sus problemas, como cualquier
organización, pero cumpliendo sus funciones con una eficacia que ya quisieran
para sí muchos ayuntamientos: actualmente endeudados hasta las cejas, por su
pésima gestión, cuando no cosas peores.
Es lugar común en los discursos de la práctica totalidad
del arco político, afirmar que es necesario fomentar la participación
ciudadana, que la gente debe implicarse más en la cosa pública. En cambio,
cuando esa participación se da de hecho, parece que algunos les entra el
pánico, e impulsan actuaciones totalmente contrarias a lo que predican. De la
misma manera, otro discurso políticamente correcto es valorar la protección del
medio ambiente, y se gastan buenas sumas de dinero en campañas para concienciar
a la ciudadanía en la necesidad de respetar la naturaleza, cuidar nuestros
montes… Un discurso que vuelve a divergir de la práctica política cuando se
laminan las competencias de los concejos, que han contribuido de manera importante, a través de los siglos, a la
conservación del patrimonio natural de nuestro territorio.
Así las cosas, será necesario una vez más que sea la
propia sociedad, la de los pueblos grandes y pequeños, pero también quienes
vivimos en la ciudad, asuman la defensa de los concejos y del sistema concejil.
Si es necesario con todo tipo
movilizaciones que consigan parar este desafuero.
