Una
vez consumado el fracaso anunciado de la huelga del 30M, a pesar de las
declaraciones autocomplacientes de algunos líderes sindicales, toca pensar en
el futuro. Desde luego, si algo ha dejado claro la escasa respuesta, en
relación a anteriores convocatorias, de la huelga del 30M es que la dinámica
actual está agotada, que no consigue acumular fuerzas ni sensaciones positivas
de cara al futuro. Tanto da que sea culpa de la situación objetiva: del miedo
de los trabajadores, la agudización de la pobreza y el paro..; de los propios
errores de los sindicatos: divididos e incapaces de aportar nuevos caminos; o
de las maniobras de gobiernos y patronales, que a buen seguro aprovechan esta
situación para arrimar el ascua a su sardina ¿Es que alguien esperaba otra
cosa?
En
cualquier caso, se impone un cambio de estrategia si se quiere hacer frente a
la ofensiva neoliberal y avanzar en el cambio social.
En
ese sentido puede ser positiva la iniciativa para la elaboración de una carta
social, a través de un proceso participativo. No es la primera vez que se
intenta algo semejante en los últimos tiempos en Euskal Herria, pero ello no le resta en absoluto su interés.
En
primer lugar hay que dejar claro que esta iniciativa sólo tendrá recorrido si
de verdad se toma en serio, y no se convierte en una mera escenificación, para
la foto, a las que tan acostumbrados -y hastiados- estamos. Pero si de verdad se quiere apostar
por ese camino, lo que exige dedicarle un gran esfuerzo, los resultados pueden
ser positivos.
Una
carta social, es una constitución -una carta magna- del pueblo.
Las
leyes constitucionales actuales: Tratado de la Unión Europea, Constitución
española, Estatuto de Gernika, Amejoramiento del Fuero de Navarra… son tratados fruto del pacto entre los
mercaderes y la clase política, que,
sobre todo, consigna las libertades del
dinero, y la propiedad, junto a ciertas libertades civiles y políticas
demasiado a menudo cuestionadas y
violentadas.
El
pueblo -la multitud-, a través de la carta social, exige que se pongan límites
a esas libertades de los jauntxos, de los mercaderes del dinero, de las grandes
empresas….
Para
garantizar su subsistencia y su dignidad, como personas y como pueblo, exige a
los gobernantes que firmen una carta que ponga coto y frene la codicia de los
poderes económicos.
La
carta social es, por tanto, un cortafuegos contra la usura, la explotación
laboral, la discriminación de las mujeres, y la privatización/destrucción de
los comunes -del procomún- incluidos los bienes de la naturaleza.
La
primera Carta Magna, se escribió en el siglo XIII en Inglaterra, fruto de la
presión de los barones que deseaban poner límites al poder del Rey; pero, ya
entonces, el pueblo llano redactó e impuso al rey la llamada Carta del Bosque[1],
donde se establecían los derechos de los comuneros ingleses ante los
cercamientos de los pastos comunes por parte de los nobles; sobre los usos comunes de la leña, el agua…, algo
de vital importancia para los campesinos y desheredados de las islas
británicas. La leyenda de Robin Hood, muestra la lucha de aquellos comuneros frente
a los ricos y poderosos de entonces.
En
Euskal Herria, los fueros y libertades, a pesar de defender sobre todo los
derechos de la pequeña nobleza, propietaria de la tierra, también incluían esa
defensa del común, que todavía hoy continúa en vigor, en algunos casos contra
viento y marea. Los comuneros navarros que a finales del siglo XIX y principios
del XX lucharon por los comunes frente a las corralizas[2], son
parte de esa historia popular, que se basa en la defensa de los derechos
ancestrales, escritos o no, y en la necesidad de darles carta de legalidad.
Estas luchas por los comunes se enlazan, además, con los inicios del movimiento
obrero, por ejemplo con el movimiento conocido como “cartismo” (Chartism)
que obtuvo su nombre de la Carta del Pueblo (People's Charter), un
documento escrito el 7 de junio de 1837 y presentado al parlamento británico[3].
Los
manifiestos de las sucesivas internacionales (sobre todo la primera) son
también cartas sociales frente a la burguesía insaciable de beneficios y
destructora de los bienes del común. De alguna manera, tratan de establecer un
nuevo pacto, que garantice los derechos económicos de los no propietarios, es
decir del proletariado, pues consideran que de nada sirven derechos políticos y
civiles sin que exista el sustento material para ejercerlos.
Tras
las grandes luchas proletarias del siglo XX, en el marco del estado del
bienestar (welfare) que fue también un pacto entre la burguesía y la social
democracia, se establece por parte de la organización de
Naciones Unidas, el Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC); que consagra en papel algunas de las libertades básicas de
los y las trabajadoras. Desde Luego, este tratado deberá ser una de las
referencias de la carta social de Euskal Herria. Aunque, en mi opinión, deberá
avanzar, y actualizar algunos de esos derechos, en la línea de los llamados
derechos emergentes, como el derecho al medio ambiente… adecuándolos además a la realidad concreta de
Euskal Herria.
En
cualquier caso, de nada sirve elaborar una carta social si dicho documento no
refleja el sentir de una mayoría relevante de la población; y para conseguir
este asentimiento son imprescindibles varias cosas: Por un lado, que el mayor
número de agentes sociales, líderes de opinión, asociaciones lo más variadas
posible… participen en su elaboración; por otro, que su contenido tenga la
virtud de ser capaz de suscitar consensos mayoritarios, para lo que tiene que
ser fruto de un acuerdo amplio; que también
debe ser suficientemente concreto, no quedarse en generalidades, para suscitar
ilusión en la realización de sus demandas…
Por
último, una vez elaborada, la carta social debe ser socializada pueblo a
pueblo, barrio a barrio… y para ello propongo que se cree la figura del
“postaria”, el cartero, que se responsabilice de llevar la carta a su ámbito
vital, rememorando aquellos “apóstoles de la idea”, que llevaron el espíritu de
la primera internacional a todos los rincones de Europa y América.
Si
conseguimos todo esto, la próxima huelga general tiene muchas posibilidades de
ser un éxito. No digo que ésta sea la única condición, pero por lo menos
tendremos algo concreto que reivindicar, algo elaborado entre todas, algo a lo que agarrarnos con uñas y dientes frente
a quienes dicen que no existen alternativas a sus políticas destructoras de
personas y bienes comunes.
Juan
Ibarrondo
[1] El manifiesto de la carta
magna, comunes y libertades para el pueblo.
Peter Linebaugh. Traficantes de Sueños.
[2] Vivan los
comunes. Movimiento comunero y sucesos corraliceros en Navarra (1896-1930) Jose
Miguel Gastón. Txalaparta.
[3] La carta del pueblo reclamaba: Sufragio universal
masculino (a los hombres mayores de 21 años, cuerdos y sin antecedentes
penales); voto del decreto o también del poblado; sueldo anual para los
diputados que posibilitase a los trabajadores el ejercicio de la política;
elecciones anuales al parlamento, que aunque pudiera generar inestabilidad,
evitaría el soborno; la participación de los obreros en el Parlamento mediante
la abolición del requisito de propiedad para asistir al mismo; establecimiento
de circunscripciones iguales, que aseguren la misma representación al mismo
número de votantes.
