Si pasan ustedes cualquier día, a eso de las nueve de la
mañana, por las oficinas de LANBIDE de Gasteiz, se les caerá el alma a los
pies. Decenas de personas: ancianos, madres con niños, emigrantes y autóctonos…
haciendo cola en la calle -algunos durante muchas horas- a la espera de que
abran las oficinas para poder coger un número que les permita tramitar sus
expedientes. Un proceso que se alarga, en muchos casos, durante meses y meses.
La situación se agravó desde que algunas de las funciones
de bienestar social, que hasta entonces realizaba el Ayuntamiento, fueron
trasferidas a LANBIDE. Una decisión, que siendo moderados podríamos calificar
de precipitada, y de irresponsable a tenor de las consecuencias que ha
ocasionado. A partir de entonces, los preceptores de ayudas y subsidios, han
asistido atónitos al habitual cruce de acusaciones entre instituciones y
partidos sobre quién es el culpable de la situación. Los propios trabajadores
de LANBIDE han denunciado el actual
estado de cosas, y las personas usuarias simplemente ya no pueden más. Para
completar semejante coctel, aparece en escena cierta multinacional que, según
parece, está subcontratada para gestionar los nuevos expedientes de la RGI; con
lo que no hay forma de que los usuarios puedan tener información sobre ellos.
A uno le queda la duda de si semejante desastre se debe a
simple ineficacia, o persigue el objetivo inconfesable de tratar de evitar -o
alargar en el tiempo- el pago de las prestaciones. Lo que sí está claro es que
atenta contra los derechos, como ciudadanos y usuarios de la administración
pública, de las personas en situación de pobreza. Porque la pobreza no es un
delito, y las administraciones públicas deben hacer todo lo posible para
erradicarla; pero, por supuesto, desde el
respeto a los derechos de los afectados por una situación de la que no son responsables sino víctimas.
